El comercio electrónico, regulado por la ley 126-02
El Comercio es una actividad económica que se realiza a través de medios digitales, como documentos o mensajes de datos, que permiten el intercambio de bienes, servicios e información entre personas naturales o jurídicas. En República Dominicana, el comercio electrónico está regulado por la Ley No. 126-02 sobre Comercio Electrónico, Documentos y Firma Digital, promulgada el 4 de septiembre del 2021.
Esta Ley tiene como objetivo facilitar el comercio electrónico, validar las transacciones entre las partes, promover y apoyar la implantación de nuevas tecnologías y proteger a los usuarios de estos sistemas. La ley establece las definiciones, principios, ámbito de aplicación, requisitos y efectos jurídicos de los documentos digitales, los mensajes de datos, las firmas digitales, los certificados y las entidades de certificación. También regula la contratación electrónica, la prestación de servicios electrónicos, la responsabilidad civil y penal, y la solución de controversias relacionadas con el comercio electrónico.
La Ley se basa en las recomendaciones de organismos multilaterales, como la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la
Organización de los Estados Americanos (OEA), y busca la uniformidad de su aplicación y la observancia de la buena fe. La Ley también se inspira en las experiencias legislativas de otros países, como Ecuador, Chile, Argentina, México y España.
El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ley, así como de dictar los reglamentos y normas técnicas necesarias para su aplicación. El INDOTEL también tiene la facultad de autorizar, supervisar y sancionar a las entidades de certificación, que son las personas jurídicas, públicas o privadas, que emiten los certificados sobre la autenticidad de las firmas digitales.
El comercio electrónico ofrece oportunidades de desarrollo económico, social y cultural, al facilitar el acceso a los mercados globales, reducir los costos de transacción, aumentar la competitividad, mejorar la calidad de los servicios y fomentar la innovación. Sin embargo, también implica desafíos y riesgos, como la seguridad, la privacidad, la protección al consumidor, la fiscalización, la competencia, la inclusión digital y la adaptación al cambio tecnológico. Por ello, es importante que los actores involucrados en el comercio electrónico conozcan y cumplan con la ley vigente, así como con las buenas prácticas comerciales, para garantizar la confianza, la seguridad jurídica y el beneficio mutuo de las partes.